Entrega de indemnizaciones a 582 afectados del conflicto, en un esfuerzo sin precedentes para brindar justicia y reparación a quienes han sufrido los estragos en Colombia.
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La Unidad para las Víctimas ha entregado cartas de indemnización en Cúcuta y el Catatumbo, beneficiando a cientos de familias con más de 4.032 millones de pesos. Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno nacional de priorizar a las víctimas en las zonas más afectadas por la violencia.
Unidad para las Víctimas entrega de indemnizaciones a 582 afectados del conflicto
Durante cuatro intensas jornadas de entrega realizadas en Ocaña, el 18 y 19 de marzo, y en Cúcuta, el 20 y 21 de marzo, la Unidad para las Víctimas otorgó indemnizaciones individuales a ciudadanos de Ocaña, Cúcuta, El Zulia y Sardinata.
Estos recursos buscan contribuir a la estabilidad económica de los afectados y mejorar sus condiciones de vida, representando un paso clave en el proceso de reparación integral.
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“La Unidad para las Víctimas viene en un proceso de priorización del Catatumbo dentro de la estrategia del presidente Gustavo Petro para focalizar esfuerzos en las regiones más golpeadas por la violencia.
Estamos acelerando estos procesos para cumplir con nuestro compromiso de reparación y justicia social”, afirmó Omar Fernández Obregón, subdirector general de la entidad con la entrega de indemnización a 582 afectados del conflicto armado.
Acciones de apoyo y atención a la emergencia en el Catatumbo
Además de la entrega de indemnizaciones a 582 afectados del conflicto, la Unidad ha desplegado múltiples estrategias para atender la emergencia humanitaria en la región.
Se han enviado más de 10.349 kits de alimentos, cocina y aseo, junto con 33.722 elementos de hábitat, incluyendo kits de vajilla, cobijas, colchonetas, juegos de sábanas, toallas, linternas y velas.
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Este esfuerzo busca aliviar las necesidades básicas de los hogares afectados y ofrecerles un soporte en medio de la crisis.
En paralelo, se fortalecerá la autonomía económica de las víctimas con la entrega de 90 unidades productivas antes de finalizar marzo. De estas, 40 serán distribuidas en el municipio de Tibú y 50 en Ocaña, con el objetivo de impulsar la generación de ingresos y mejorar las condiciones laborales de las familias beneficiadas.
Una nueva oportunidad para las víctimas
Las cartas de indemnización han representado una luz de esperanza para muchos ciudadanos que han luchado por salir adelante a pesar de las adversidades. Víctor María Afanador, jornalero y padre de dos hijos en Sardinata, compartió su gratitud al recibir el apoyo económico:
“Sin duda, esta indemnización será una gran ayuda para mí y para mi familia. Nos permitirá empezar de nuevo y mejorar nuestras condiciones de vida”, expresó emocionado.
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Más recursos para la reparación y reintegración de las víctimas
El proceso de indemnización continuará en la próxima semana en Tibú, donde se entregarán 77 cartas adicionales entrega de indemnizaciones a 582 afectados del conflicto por un valor superior a 542 millones de pesos.
Estas jornadas son parte del compromiso del Gobierno en garantizar una reparación efectiva y justa para quienes han sufrido el desplazamiento forzado y otras formas de violencia.
Además de las indemnizaciones, el Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas continuará con la entrega de paquetes de ayuda humanitaria.
También se establecerá contacto con 3.786 hogares en la región del Catatumbo, identificados por su situación de desplazamiento forzado, con el objetivo de conocer su intención de retorno, reubicación o integración local.
Este proceso permitirá ofrecerles acompañamiento y garantizar su estabilidad en el proceso de reintegración social.
Un compromiso con la justicia y la paz
Las acciones implementadas por la Unidad para las Víctimas ratifican el compromiso del Estado con la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Norte de Santander.
La entrega de indemnizaciones a 528 afectados del conflicto, junto con las ayudas humanitarias y el fortalecimiento económico, demuestra que la reparación no es solo un compromiso legal, sino también un paso fundamental hacia la construcción de una paz duradera.
El Gobierno nacional sigue avanzando en la implementación de estrategias para garantizar la justicia social y la dignidad de quienes más han sufrido en el país.
Estas medidas no solo buscan reparar el daño causado por el conflicto, sino también abrir nuevas oportunidades para las víctimas, permitiéndoles reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza.
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